La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al declarar inválido un artículo del decreto presidencial que condicionaba su ejecución. El fallo fue dictado este viernes por el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, quien hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió el artículo del Decreto 681/2025.

En su resolución, el magistrado consideró que el artículo cuestionado resulta inválido como acto de gobierno, ya que desconoce las obligaciones establecidas en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional. Además, sostuvo que la norma vulnera compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El fallo también señala que el decreto presidencial violenta de manera directa el mandato constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución. Según el juez, al suspender la ejecución de la Ley 27.793, el Poder Ejecutivo excedió de forma manifiesta las facultades que le otorga la Carta Magna, transgrediendo el principio de legalidad y la supremacía constitucional.

En ese sentido, González Charvay enfatizó que la promulgación de una ley aprobada por insistencia del Congreso no admite excepciones, condiciones ni suspensiones administrativas. Remarcó que, ante la ratificación de ambas Cámaras por mayoría calificada, la Constitución no contempla otra alternativa que la promulgación, publicación y aplicación efectiva de la ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional.